Lineamientos de la OCDE para empresas estatales en Costa Rica: implicaciones para la Junta Directiva

Un resumen práctico para fortalecer la gobernanza en el sector público

Costa Rica es miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde 2021, lo que representa no solo un compromiso internacional, sino también una oportunidad para elevar los estándares de gobernanza, transparencia y eficiencia en las empresas estatales. La OCDE ha establecido principios específicos para el gobierno corporativo de estas entidades, y su aplicación representa un cambio estructural profundo para la forma en que operan las juntas directivas.

Este artículo presenta un resumen práctico de los lineamientos de la OCDE y sus implicaciones directas para las juntas directivas de empresas públicas en Costa Rica. Está orientado a quienes ocupan cargos en estos órganos colegiados, así como a equipos de cumplimiento, auditoría y alta gerencia.

El objetivo de los lineamientos

Los lineamientos de la OCDE buscan asegurar que las empresas estatales se rijan por principios similares a los del sector privado competitivo, pero con énfasis adicional en la rendición de cuentas, la equidad, la eficiencia y el servicio al interés público. En Costa Rica, estos principios se deben adaptar al marco legal local, pero el espíritu es claro: se exige una gobernanza más profesional, técnica y menos politizada.

Principales implicaciones para la Junta Directiva

1. Profesionalización de los miembros de junta

La OCDE recomienda que los miembros sean seleccionados con base en mérito, competencias técnicas y experiencia relevante. En Costa Rica, esto implica avanzar hacia procesos de nombramiento más transparentes, menos partidistas y con estándares públicos de idoneidad.

2. Claridad en los roles

La junta directiva debe actuar como un ente de supervisión estratégica, no operativa. Esto significa delimitar claramente las funciones entre junta y gerencia general, evitando duplicidades y microgestión. La OCDE enfatiza que la junta debe centrarse en definir el rumbo, aprobar la estrategia y monitorear su cumplimiento, más que en tareas administrativas del día a día.

3. Rendición de cuentas activa

Las juntas deben establecer mecanismos formales para evaluar su propio desempeño y el de la alta gerencia. Esto incluye agendas estructuradas, actas documentadas, comités especializados (auditoría, riesgos, nombramientos) y sistemas de seguimiento de acuerdos. La transparencia ante entes fiscalizadores y la ciudadanía es clave.

4. Gestión del riesgo y sostenibilidad

La OCDE impulsa que las juntas asuman un rol más activo en la identificación y mitigación de riesgos estratégicos, operativos, financieros y reputacionales. Asimismo, deben incorporar consideraciones de sostenibilidad, cambio climático y responsabilidad social dentro de sus deliberaciones.

5. Acceso a información confiable y oportuna

Para que la junta pueda cumplir su rol, debe contar con información técnica, completa y puntual. Se recomienda el uso de plataformas digitales seguras, dashboards de desempeño, y reportes diseñados para facilitar el análisis estratégico y no solo el cumplimiento formal.

Impacto operativo: más que cumplir, transformar

Aplicar los lineamientos de la OCDE no es solo una obligación política. Es una oportunidad para transformar la cultura interna de las empresas estatales. Una junta más profesionalizada, informada y estratégica impacta directamente en la eficiencia operativa, la calidad del servicio público y la confianza ciudadana.

Esto requiere cambios en tres niveles:

• Normativo: actualizar reglamentos internos, manuales de juntas y procesos de nombramiento.

• Cultural: formar a los miembros de junta en temas de gobernanza, riesgos y ética pública.

• Tecnológico: adoptar herramientas que fortalezcan la trazabilidad, la colaboración y la rendición de cuentas.

Un llamado a la acción para quienes integran juntas directivas

Ser parte de una junta directiva en una empresa estatal costarricense conlleva un compromiso mucho más profundo que asistir a reuniones y revisar informes. Implica ejercer liderazgo en la promoción activa de herramientas, mecanismos y políticas que aseguren una gobernanza corporativa moderna, íntegra y transparente.

No se puede esperar que los equipos técnicos o la gerencia sean los únicos promotores del cambio. El director o directora debe ser actor fundamental del fortalecimiento institucional, impulsando desde la propia junta temas como digitalización, rendición de cuentas, sostenibilidad, eficiencia y gobernanza basada en datos. Eso sí, sin caer en la coadministración ni invadir funciones operativas: el rol no es ejecutar, sino definir, supervisar e impulsar desde lo estratégico.

En un país como Costa Rica, donde las empresas públicas cumplen funciones esenciales para el desarrollo nacional, una junta directiva pasiva es una oportunidad perdida. La ciudadanía espera no solo cumplimiento legal, sino visión, integridad y responsabilidad social. El cambio no vendrá de afuera: debe nacer desde los propios espacios de decisión.

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